Xavier Obregón analiza las políticas detrás de los vinos de Argentina, Francia y Nueva Zelanda y las lecciones que podrían orientar una estrategia para Chile.

Durante años, el vino chileno se ha consolidado como uno de los grandes embajadores del país en el extranjero. Está presente en más de un centenar de mercados y se ha transformado en uno de los productos agroalimentarios más relevantes de nuestra canasta exportadora. Ese éxito, sin embargo, ha descansado principalmente en la capacidad del sector privado y en las ventajas naturales del territorio, más que en una estrategia nacional claramente definida.

Mientras otros países han diseñado políticas de largo plazo para orientar el desarrollo de su industria vitivinícola, en Chile las iniciativas siguen siendo dispersas. Existen programas públicos, esfuerzos regionales y una importante participación de los gremios, pero todavía cuesta identificar una hoja de ruta que articule objetivos comunes para las próximas décadas.

Si realmente se pretende avanzar hacia una Política Nacional Vitivinícola con una mirada de veinte años, vale la pena observar cómo enfrentaron este desafío países que hoy son referentes internacionales. No para copiar sus modelos, sino para entender qué decisiones adoptaron, cuáles fueron sus prioridades y qué elementos podrían adaptarse a la realidad chilena.

Argentina: planificación con visión de industria

Entre los países del Nuevo Mundo, Argentina ofrece probablemente el ejemplo más cercano al caso chileno. A comienzos de los años 2000 comprendió que competir únicamente por volumen o precio no era suficiente para sostener su crecimiento internacional. La respuesta fue impulsar una estrategia de largo plazo.

Así nació en 2004 el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI 2020), coordinado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), una instancia que reunió al Estado, las provincias, universidades, productores y distintos actores del sector. Más que un programa agrícola, el PEVI buscó transformar la vitivinicultura en una política de desarrollo económico y territorial.

Los resultados iniciales fueron significativos. Se fortaleció la investigación, crecieron los programas de asistencia para pequeños productores, se impulsó el enoturismo y Argentina logró construir una identidad internacional mucho más sólida alrededor de su industria del vino.

Quizás uno de sus mayores aciertos fue entender que la competitividad no depende únicamente de producir mejores vinos, sino también de coordinar instituciones, compartir objetivos y planificar con horizonte de largo plazo.

Sin embargo, la experiencia argentina también muestra los límites que puede tener una buena política sectorial cuando el contexto económico juega en contra. La inflación persistente, las restricciones cambiarias y la incertidumbre para exportar terminaron afectando parte de las metas planteadas originalmente.

A ello se suma otro aspecto discutible: gran parte del posicionamiento internacional terminó descansando sobre el Malbec. Si bien esa estrategia permitió construir una marca potente y fácilmente reconocible, también relegó otras variedades que podrían haber contribuido a proyectar una imagen más diversa del vino argentino.

La principal enseñanza para Chile es que una política nacional requiere planificación, estabilidad institucional y suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios económicos y comerciales.

Francia: el valor de proteger el origen

Si Argentina apostó por la planificación, Francia construyó su liderazgo a partir de la regulación y la protección del patrimonio vitivinícola.

Su sistema de Denominaciones de Origen Controladas (AOC) constituye uno de los mecanismos de certificación más prestigiosos del mundo. Allí no solo se protege un nombre geográfico, sino también una forma de producir, una historia y una identidad cultural transmitida durante generaciones.

Las normas son estrictas. Determinan qué variedades pueden cultivarse, cuáles son los rendimientos permitidos, los métodos de elaboración e incluso determinadas prácticas agrícolas. Para algunos, este nivel de regulación puede parecer excesivo. Sin embargo, esa rigurosidad ha permitido construir uno de los mayores activos del vino francés: la confianza del consumidor.

Quien compra un vino de Borgoña, Champagne o Burdeos sabe que detrás de esa denominación existe un estándar ampliamente fiscalizado y reconocido internacionalmente.

Eso no significa que el sistema esté libre de críticas. La rigidez normativa muchas veces dificulta incorporar innovaciones, especialmente en un escenario marcado por el cambio climático. Introducir nuevas variedades o modificar ciertas prácticas tradicionales suele implicar procesos largos y complejos.

También existen cuestionamientos respecto de la capacidad de las denominaciones históricas para concentrar prestigio y recursos, dejando a regiones emergentes con mayores dificultades para posicionarse.

Para Chile, donde las denominaciones de origen todavía tienen una presencia limitada en la decisión de compra de muchos consumidores, el caso francés demuestra que proteger el territorio también puede convertirse en una ventaja competitiva, siempre que esa protección no termine limitando la innovación.

Nueva Zelanda: innovación como ventaja competitiva

Nueva Zelanda siguió un camino completamente distinto. Sin contar con siglos de tradición vitivinícola, decidió construir su reputación sobre la innovación, la investigación y la sostenibilidad.

En pocas décadas pasó de ser un productor prácticamente desconocido a transformarse en uno de los referentes mundiales del Sauvignon Blanc. Ese crecimiento difícilmente puede entenderse sin una estrategia coordinada entre productores, centros de investigación y organismos públicos.

Uno de los elementos más interesantes fue incorporar la sostenibilidad como parte del modelo productivo y no solo como una herramienta de marketing. El programa Sustainable Winegrowing New Zealand permitió establecer estándares ambientales ampliamente adoptados por la industria, fortaleciendo al mismo tiempo la imagen internacional del vino neozelandés.

Además, el país reaccionó tempranamente frente a los desafíos del cambio climático, destinando importantes recursos a investigación sobre manejo del agua, eficiencia energética y adaptación de los viñedos.

Pero tampoco se trata de un modelo perfecto. Su fuerte identificación con el Sauvignon Blanc implica una dependencia considerable de una sola variedad. Lo que aumenta la vulnerabilidad frente a cambios en las preferencias de los consumidores o en los mercados internacionales. A ello, se suma una escala productiva relativamente pequeña, que dificulta competir en segmentos donde el volumen sigue siendo determinante.

Más que copiar el modelo neozelandés, Chile podría rescatar una idea fundamental: la innovación debe entenderse como una política permanente y no como una respuesta ocasional a los problemas del mercado.

Los casos de Argentina, Francia y Nueva Zelanda muestran que no existe una única fórmula para desarrollar una industria vitivinícola. Cada país ha construido su estrategia de acuerdo con su historia, su estructura productiva y sus objetivos. Lo verdaderamente relevante es que todos han comprendido que el desarrollo del vino requiere una visión de largo plazo y una articulación entre el Estado, la academia y el sector privado.

Los resultados concretos de estas políticas —en materia de consumo interno, exportaciones, posicionamiento internacional y generación de valor agregado— serán analizados en una próxima columna, con el propósito de evaluar qué tan efectivas han sido estas experiencias y qué lecciones ofrecen para el caso chileno.

Chile: una industria exitosa que …

Al observar estas experiencias aparece una diferencia difícil de ignorar. Argentina definió una estrategia nacional para su industria. Francia convirtió la protección del origen en una política de Estado. Nueva Zelanda hizo de la innovación y la sostenibilidad el eje de su desarrollo.

Chile, en cambio, ha logrado consolidarse como una potencia exportadora sin contar todavía con un proyecto nacional que ordene esas capacidades bajo una misma visión.

Existen iniciativas valiosas, tanto públicas como privadas, como el Código de Sustentabildiad liderado por Vinos de Chile,  pero siguen funcionando de manera fragmentada. Lo que falta es una política que establezca prioridades de largo plazo y permita coordinar esfuerzos entre el Estado, la academia, los productores y los distintos territorios vitivinícolas.

Una Política Nacional Vitivinícola no debería limitarse a aumentar las exportaciones. También tendría que abordar desafíos como la adaptación al cambio climático, el fortalecimiento de la investigación enológica, la modernización de la legislación, la protección del patrimonio vitivinícola, el impulso al enoturismo y la formación de capital humano especializado.

Dentro de esa discusión regulatoria comienza a adquirir relevancia un debate que probablemente marcará parte del futuro de la industria chilena: la eventual modificación del grado alcohólico mínimo exigido para que un producto pueda ser comercializado legalmente como vino.  Se trata ésta de una discusión que involucra aspectos técnicos, jurídicos, comerciales e incluso culturales, y que ha comenzado a instalarse tanto en el mundo productivo como en el ámbito legislativo. Debido a la importancia y complejidad de este tema, sus implicancias serán desarrolladas en una próxima columna.

En definitiva, el desafío consiste en dejar de administrar una industria que ya es exitosa y comenzar a construir una visión de futuro para uno de los patrimonios productivos y culturales más importantes de Chile. Las experiencias internacionales muestran que los mejores resultados aparecen cuando existe una estrategia compartida entre el Estado, el mundo académico y el sector privado. Ese, probablemente, sea el paso que aún nos falta dar.

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