«DECRETO NO APORTA NADA A LA CALIDAD DEL VINO CHILENO»
Gremio maulino cuestiona el decreto enviado a Contraloría y advierte que el SAG no tendría herramientas suficientes para evitar fraudes.
Apenas un día después de conocerse la firma del decreto que crearía la categoría “vino bajo alcohol” en Chile, surgió la primera objeción pública. Agrícola Central A.G. rechazó la modificación en los términos anunciados y solicitó que la Contraloría General de la República no continúe su tramitación mientras no se acrediten capacidades efectivas de fiscalización.
El decreto, firmado por el presidente José Antonio Kast y el ministro de Agricultura, Jaime Campos, permitiría reconocer como “vino bajo alcohol” una bebida elaborada exclusivamente a partir de zumo de uva parcial o totalmente fermentado, mediante prácticas enológicas autorizadas, con una graduación alcohólica real mínima de 8,5° GL.
La norma fue enviada a Contraloría para su toma de razón, pero todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial y, por lo tanto, no se encuentra vigente.
Como informó WiP, esta sería una categoría diferente de los vinos parcialmente desalcoholizados y desalcoholizados, reconocidos por la legislación chilena desde 2013.
¿Quiénes presentan la objeción?
Agrícola Central es una asociación gremial con sede en Talca que representa a productores agrícolas del Maule y de la zona central de Chile desde 1935. Su actual presidente es Luis Urrutia Ibáñez.
La organización cuenta con distintos comités sectoriales y ha participado durante años en discusiones relacionadas con el precio de la uva, la utilización de uva de mesa para elaborar vino, la incorporación de agua durante la vinificación, la trazabilidad y la fiscalización de la Ley de Alcoholes.
El Comunicado_Prensa_Agricola_Central_Vino_Bajo_Alcohol_2 y no atribuye sus declaraciones a un dirigente en particular. Por esa razón, las opiniones corresponden al gremio y no a una cita personal de su presidente.
Rechazo al decreto tal como fue firmado
Agrícola Central afirma que no está en contra de discutir innovaciones o nuevas categorías. Su rechazo apunta al decreto tal como fue presentado, porque considera que incorpora un producto nuevo sin resolver primero los problemas de fiscalización que el gremio denuncia desde hace años.
“El problema no es la categoría en sí: es que se firma sabiendo que el Servicio Agrícola y Ganadero no cuenta con la capacidad técnica para fiscalizar su cumplimiento”, sostiene el comunicado.
Más adelante, la organización endurece su posición y señala que no aprueba la modificación, porque, a su juicio, no mejora la calidad del vino chileno, no fortalece las denominaciones de origen, no agrega valor a las exportaciones ni resuelve problemas de la cadena productiva.
“No pedimos frenar la innovación ni cerrar la conversación sobre nuevas categorías. Exigimos que esa innovación no se construya, una vez más, sobre una base que el propio Estado reconoce no poder controlar”, plantea el gremio.
El temor a la incorporación de agua
Una de las principales preocupaciones de Agrícola Central es cómo podrá comprobarse que un vino de 8,5° GL obtuvo naturalmente esa graduación o fue elaborado mediante una práctica enológica autorizada.
Según el gremio, la interrupción de la fermentación o la desalcoholización solo podrían distinguirse de una eventual adición irregular de agua mediante análisis instrumentales de laboratorio y un sistema de trazabilidad que siga el producto desde la uva hasta el vino terminado.
Su temor es que la nueva categoría entregue una explicación aparentemente legal a productos rebajados con agua, dificultando la detección de eventuales adulteraciones.
“Firmar esta modificación sin fiscalización no es innovar: es una decisión irresponsable que legaliza, de hecho, una vía adicional para el fraude de siempre, con una excusa nueva”, acusa Agrícola Central.
La preocupación por la uva de mesa
El gremio también advierte que la categoría podría facilitar la utilización no declarada de uva de mesa en productos presentados como vinos elaborados con uvas viníferas.
La legislación chilena permite producir y comercializar vino de uva de mesa, pero este debe declararse y diferenciarse de los vinos elaborados con variedades viníferas. De hecho, el informe de producción del SAG los contabiliza como una categoría separada.
La preocupación de los productores es que, sin trazabilidad suficiente, vino elaborado con uva de mesa pueda mezclarse o comercializarse como si proviniera de uva vinífera, afectando los precios pagados a los viñateros y la autenticidad del producto.
Agrícola Central resume su posición con una frase: “Un kilo de uva vinífera rinde una botella de vino: ese es el estándar que protege al consumidor y a quien produce con reglas”.
Un antecedente de 2018
Para fundamentar sus críticas, la asociación cita un documento preparado en diciembre de 2018 por la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional.
El informe recogió una respuesta entregada por el SAG mediante Transparencia, en la cual el organismo señaló que en ese momento estaba implementando una metodología para detectar la presencia de agua en el vino por sobre los porcentajes autorizados. También informó que se encontraban en preparación los patrones necesarios para realizar esos análisis.
El antecedente confirma que en 2018 el método todavía estaba en proceso de implementación. Sin embargo, el documento no permite concluir por sí solo que, ocho años después, el SAG continúe sin esa capacidad. Hasta ahora, Agrícola Central no ha acompañado su comunicado con información técnica actualizada que demuestre que esa limitación persiste en 2026.
El gremio también cita observaciones realizadas por la Contraloría en 2014 sobre catastros vitícolas, cobro de multas y fiscalización de entidades certificadoras. Nuevamente, se trata de antecedentes históricos que explican la desconfianza de los productores, pero que no acreditan automáticamente la situación actual del organismo.
Cuestionan la justificación exportadora
Otro de los argumentos de Agrícola Central es que la nueva categoría no sería necesaria para competir en los mercados internacionales.
Según la asociación, Chile ya puede elaborar y exportar vinos con menos de 11,5° cuando el comprador y las exigencias del país de destino así lo permiten, pues el mínimo vigente operaría principalmente para la comercialización interna bajo la denominación de vino.
Desde esa perspectiva, el decreto no abriría un mercado exterior que se encontrara cerrado, sino que crearía una nueva categoría para vender en Chile productos situados entre 8,5° y 11,5° GL.
Se trata, por ahora, de la interpretación presentada por Agrícola Central. El Gobierno ha defendido la modificación como una adecuación a las tendencias internacionales de consumo y a la definición de vino utilizada por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que establece como regla general una graduación alcohólica real mínima de 8,5%.
Rechazo al argumento de un producto “más saludable”
Agrícola Central también objeta que los vinos de menor graduación puedan promocionarse como una alternativa más saludable que el vino tradicional.
El gremio sostiene que disminuir el alcohol no convierte automáticamente una bebida alcohólica en un producto sano y considera perjudicial que la nueva categoría se instale sugiriendo que el vino que cumple con el mínimo tradicional de 11,5° GL sería más dañino.
Su crítica apunta principalmente a la construcción del relato comercial y sanitario, más que a negar que una menor graduación implique una menor cantidad de alcohol por volumen.
Lo que exige Agrícola Central
La organización solicita que la tramitación no avance mientras no se acrediten públicamente:
- Una metodología validada para detectar adición irregular de agua.
- Herramientas para diferenciar uva de mesa de uva vinífera.
- Trazabilidad de mostos y vinos en una plataforma única.
- Verificación en terreno de las entidades certificadoras.
- Capacidad efectiva del SAG para fiscalizar la nueva categoría.
Existe además una precisión pendiente. El comunicado de Agrícola Central presenta la medida como una modificación al artículo 38 del Decreto N.º 78, mientras que la propuesta conocida incorporaba la definición de “vino bajo alcohol” en el artículo 19, donde se encuentran las categorías de vinos especiales.
Como el decreto aún no ha sido publicado, no es posible comprobar su redacción final ni conocer todos los artículos modificados. Hasta que se complete la toma de razón y aparezca en el Diario Oficial, la categoría “vino bajo alcohol” no puede considerarse vigente.
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