Siete organizaciones pidieron a la Comisión de Agricultura fiscalizar el decreto y sostienen que una norma reglamentaria no puede rebajar el mínimo legal.

La controversia por la creación de la categoría “vino bajo alcohol” llegó a la Cámara de Diputados. Siete organizaciones de pequeños y medianos viñateros enviaron una carta a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, en la que solicitan su intervención frente al decreto que permitiría comercializar bajo esa denominación productos con una graduación alcohólica real mínima de 8,5° GL.

La presentación, fechada el 18 de agosto de 2026, fue suscrita por la Coalición Nacional de Viñateros, la Asociación Gremial de Pequeños Viñateros del Maule, la Asociación Gremial del Valle del Biobío, la Asociación Gremial Viñateros del Itata por Precios Justos y sus asociaciones adheridas, la Asociación Comunal de Viñateros de San Nicolás, la Cooperativa Campesina de Vitivinicultores Ecológicos y Viñateras Bravas.

Las agrupaciones representan a productores de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Solicitan la intervención de los diputados

El punto central de la carta es jurídico. Las organizaciones sostienen que el Ministerio de Agricultura no podría crear mediante un decreto reglamentario una categoría que utilice la palabra “vino” para productos con menos de 11,5° GL.

Su argumento se basa principalmente en los artículos 17 y 36 de la Ley N.º 18.455. Este último establece que el vino envasado destinado al consumo directo debe tener una graduación mínima de 11,5° GL, salvo una excepción específica, asociada a condiciones climáticas anómalas, que permite autorizar hasta 10,5° en determinadas comunas de la Región del Biobío.

Por esa razón, los viñateros plantean que una reducción hasta 8,5° GL requeriría una modificación legal discutida y aprobada por el Congreso, y no solamente un cambio al reglamento de la ley.

“Solicitamos respetuosamente vuestra ayuda para que, al menos, las leyes aprobadas en el Congreso se cumplan y se respete el Estado de derecho”, señala la presentación.

Denuncian una eventual “legalización” de irregularidades

La carta utiliza un lenguaje más duro que el empleado por otras organizaciones. Sus firmantes aseguran que la nueva categoría podría terminar legalizando productos de entre 8° y 9° GL que, según afirman, se comercializan desde hace años como vino pese a no cumplir con el mínimo exigido.

También reiteran denuncias anteriores sobre una eventual incorporación de agua, azúcar o saborizantes y sobre el uso irregular de uva de mesa. Estas afirmaciones son responsabilidad de las organizaciones firmantes y la carta no incorpora resultados recientes de fiscalizaciones, resoluciones del SAG o sentencias que permitan acreditarlas de manera independiente.

Los viñateros vinculan esas prácticas con la situación económica de los productores de uva, argumentando que una bebida de menor graduación podría requerir menos materia prima y profundizar la presión sobre los precios.

La legislación chilena permite elaborar vino con uva de mesa, pero este debe identificarse expresamente y mantenerse separado de los vinos producidos con variedades viníferas tradicionales.

Un reclamo que viene desde abril

La presentación da continuidad a una carta enviada a la misma Comisión de Agricultura el 14 de abril de 2026. En ella, las organizaciones habían denunciado problemas en la aplicación de la Ley de Alcoholes y de la Ley N.º 20.656, que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios.

También informan que durante abril dirigieron una comunicación al Presidente de la República para solicitar medidas frente a los productos de baja graduación vendidos como vino. Según los firmantes, no recibieron una respuesta específica sobre esas denuncias.

Meses después conocieron, a través de la prensa y de declaraciones del ministro de Agricultura, que el Ejecutivo había firmado y enviado a Contraloría el decreto que crea la nueva categoría.

Dos líneas de oposición

Con esta nueva presentación ya se distinguen al menos dos líneas de cuestionamiento al denominado “vino bajo alcohol”. Tal como informamos esta semana,  Agrícola Central no rechaza necesariamente la existencia de una categoría de menor graduación, pero además de asegurar que Decreto no aporta a la calidad del Vino chileno,  exige que antes se demuestre que el SAG cuenta con análisis, trazabilidad y capacidades suficientes para fiscalizarla.

La Coalición Nacional de Viñateros y las organizaciones adheridas plantean una objeción más profunda: sostienen que denominar vino a un producto de 8,5° GL contradice la Ley N.º 18.455 y que el cambio debe ser discutido en el Congreso.

La controversia queda ahora en dos instancias. Por una parte, la Contraloría deberá revisar la legalidad del decreto antes de tomar razón. Por otra, los viñateros esperan que la Comisión de Agricultura cite a las autoridades y examine tanto la nueva categoría como sus eventuales consecuencias para los productores y consumidores.